04/26/2013 | 06:33 p.m.
El asesinato del teniente Osvaldo Albarati Casaña, adscrito al Centro de Detención Metropolitano, conocido como la cárcel federal en Guaynabo, provocó que se adoptaran medidas de encierro a los confinados entre 20 y 24 horas, más que se prohíban las visitas de familiares.
Albarati Casaña fue asesinado el pasado 26 de febrero en la noche, en el expreso De Diego o PR-22, a la altura del centro comercial Río Hondo en Bayamón, luego de terminar su jornada de trabajo en el CDM.
A raíz de este crimen, se adoptaron medidas de seguridad extraordinarias en la cárcel federal, lo que ha provocado situaciones internas que no han permitido levantar el «lock down».
Sin embargo, se espera que próximamente se permita a los presos salir de sus celdas, tener acceso nuevamente a la comisaría y a recibir la visita de sus allegados.
«Que es incómodo, es cierto. Que no puede ser indefinido, cierto. Que está en vías de corregirse, cierto también. Que actualmente existe hacinamiento, falso», manifestó la juez administradora del tribunal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, Aida Delgado, sobre la situación en la cárcel federal de Guaynabo.
La jueza indicó que le consta que en dicha institución penal se ha intentado restablecer la visita de familiares, «pero disturbios subsiguientes han impedido que estas visitas se restablezcan», pero espera que se restauren pronto de forma «escalonada».
Detalló que surgieron «incidentes» como daños a la propiedad porque hubo confinados, no identificados, que taparon duchas y lavamanos, inundando las celdas «y la institución tomó medidas más severas».
De hecho, cuando en un momento dado se les dio dos horas para salir de sus celdas, fue que confinados mataron al también preso Glaston Smith, de 51 años, y quien tenía un caso pendiente de inmigración.
Smith fue apuñalado el 6 de marzo pasado, y dos días después, agentes federales hicieron un operativo en el CMD y ocuparon armas blancas, sustancias controladas, teléfonos celulares y cargadores.
Días después, el 9 de marzo, arrestaron a la guardia correccional Magaly González Montijo por contrabando, sostener actos sexuales con un confinado e intentar destruir evidencia.
Además, el 18 de marzo y el 10 de abril pasado, se registraron tiroteos desde el exterior hacia algunas de las paredes del inmueble que alberga el CMD, en las inmediaciones de la PR-22 o expreso de Diego en Guaynabo.
«(Estos incidentes) Requieren investigación y aunque puedan atribuir represalias, es para asegurar la seguridad de los confinados y poder hacer la investigación correspondiente», indicó la jueza.
«Yo no puedo negar que el Negociado Federal de Prisiones ha estado confrontando unos problemas internos que corresponde a la Administración de Corrección federal resolver. Lo que sí puedo decir es que aquellas materias que conciernen al tribunal y a los confinados con casos pendientes en el Tribunal, la corte ha hecho gestiones y ha sostenido múltiples reuniones con el director de alguaciles, la jefa de fiscalía federal, el custodio de la cárcel, el director del FBI y el superintendente de la Policía para lidiar con asuntos internos y de seguridad», aseguró Delgado.
La jurista agregó que tiene comunicación con el director del NFP, Charles Samuels, «quien se ha comprometido a ayudar a resolver la situación que se confronta en el MDC, incluyendo la asignación de personal adicional y equipo y revisar las normas internas de seguridad».
Delgado recalcó que al momento no hay problema de hacinamiento en la institución, la que tiene capacidad para 1,600 confinados; al momento alberga a 1,404 reos federales.
Explicó que hay disponibilidad de espacio para 200 confinados ya sentenciados que rinden servicios en la cocina, laundry, patio y mantenimiento, y ahora mismo hay 176.
Además, hay 1,205 confinados con casos pendientes en el tribunal, nueve detenidos por el Servicio de Inmigración, 38 están en proceso de ser transferidos a una institución estatal porque tienen casos previos pendientes en esa jurisdicción, y 95 están pendientes para ir en el próximo viaje a prisiones en las ciudades estadounidenses de Atlanta y Miami.
En Miami, hay 199 confinados de la Isla en Atlanta, 203, indicó la jueza federal, quien recordó que las agencias están en conversaciones para ver la posibilidad de alquilar una institución estatal para tener más espacio.
«Sí, bien es cierto que en un momento dado hubo problema de hacinamiento temporero, que fue cuando hubo redadas grandes con muchos acusados, pero el problema se solucionó mediante un arreglo con los alguaciles federales y BOP (Negociado de Prisiones) mediante el cual se procedió a la remoción inmediata del MDC de todos los que ya habían sido sentenciados y que están en espera por la designación de la institución a la que irán a cumplir», manifestó Delgado.
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